Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Publicación de los actos administrativos (Artículo 45)

Puede entenderse la publicación como una notificación a nivel masivo.

En principio los actos administrativos solo se publicarán cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

Sin embargo, hay una serie de causas establecidas por la 39/2015 en las cuales los actos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación:

• Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
• Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos.
  • La publicación en este caso será adicional a la notificación individual.
• Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.
  • La convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Sobre la suplencia (Artículo 13).
  • Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.
    • Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.
  • NO implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
  • En la AGE, la designación de suplente podrá efectuarse:
    • En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes según corresponda.
    • Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia.
  • En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia (como en la delegación de la firma).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuestiones sobre la práctica de las notificaciones – Las notificaciones en papel.

• Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
• Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
• Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación:
  • Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
    • Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación
    • Se repetirá el intento por una sola vez:
      • En una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación.
        • Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista para las «notificaciones infructuosas» (Publicación en el BOE).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Como norma general, art. 39.1 de la Ley 39/2015, establece que «los actos de las AAPP sujetos al Der. Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa».

Excepciones a la inmediatez de la eficacia del artículo 39.1 de la Ley 39/2015

• Eficacia demorada (Artículo 39.2):
  • Cuando así lo exija el contenido del acto (plazo, condición…).
  • Esté supeditada a su:
    • Notificación,
    • Publicación
    • Aprobación superior.
  • Eficacia retroactiva (Artículo 39.3): (excepcional)
    • Requisitos:
      • Los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.
      • La eficacia del acto no debe lesionar derechos o intereses legítimos de otras personas.
    • Casos:
      • Sustitución de actos anulados.
      • Cuando produzcan efectos favorables al interesado.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Como norma general, art. 39.1 de la Ley 39/2015, establece que «los actos de las AAPP sujetos al Der. Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa».

Excepciones a la inmediatez de la eficacia del artículo 39.1 de la Ley 39/2015

• Eficacia demorada (Artículo 39.2):
  • Cuando así lo exija el contenido del acto (plazo, condición…).
  • Esté supeditada a su:
    • Notificación,
    • Publicación
    • Aprobación superior.
  • Eficacia retroactiva (Artículo 39.3): (excepcional)
    • Requisitos:
      • Los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.
      • La eficacia del acto no debe lesionar derechos o intereses legítimos de otras personas.
    • Casos:
      • Sustitución de actos anulados.
      • Cuando produzcan efectos favorables al interesado.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La ejecución forzosa y sus medios (Artículos 99 a 105)

Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

La ejecución forzosa por las AAPP se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

• Apremio sobre el patrimonio.
• Ejecución subsidiaria.
• Multa coercitiva.
• Compulsión sobre las personas.

Puntos generales

• Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirán el menos restrictivo de la libertad individual.
• Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial (art. 18.2 CE).
• Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes:
  • Tarjeta de crédito y débito.
  • Transferencia bancaria.
  • Domiciliación bancaria.
  • Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.

No se admitirán a trámite acciones posesorias (mecanismo jurídico que sirve para que los propietarios conserven sus posesiones) contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido (art. 105).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos (Artículo 43)

• Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante:
  • Comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante,
    • Se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.
  • A través de la dirección electrónica habilitada única.
  • O mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
• Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.
• Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
• Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado:
  • Se entenderá rechazada (art. 43.2) cuando hayan transcurrido diez días naturales (único plazo en días naturales de la ley 39/2015) desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
• Se entenderá cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos (art. 40.4) con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Como norma general los actos no han de ser motivados. El artículo 35 de la Ley 39/2015, no obstante, recoge una lista de supuestos en los que sí deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos:

• Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
• Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
• Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
• Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56 de la 39/2015.
  • Prestación de fianzas.
  • Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.
  • Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.
• Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
• Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
• Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.
• Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
• Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales (recuerda «acto reglado vs. acto discrecional». Se podría entender que en los actos reglados la motivación ya «viene dada» o está implícita).
• Aquellos en los que deba serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
• Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva (conforme a lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias). En todo caso deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Anulabilidad (Artículo 48)

Será motivo de anulabilidad cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (siempre que no caiga, lógicamente, en los casos de nulidad de pleno derecho). Por debajo de la anulabilidad tendríamos las irregularidades no invalidantes.

Algunos casos lindantes con la «irregularidad no invalidante».

• El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando:
  • El acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin
  • O dé lugar a la indefensión de los interesados.
• La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Detalles y características de la anulabilidad:

• El acto produce efectos mientras no sea expresamente anulado.
• Solo los interesados pueden alegar la anulabilidad para pedir la anulación del acto administrativo.
• El acto anulable puede ser convalidado.
  • Por transcurso del tiempo si no se solicita la anulación.
  • Por voluntad de la Administración.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 52. Convalidación.

1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 41.7

Una de las condiciones generales a tener en cuenta respecto a la práctica de las notificaciones es cuando se notifica al interesado por distintos cauces, es decir, tanto cuando se notifica en formato papel y también por medios electrónicos, como cuando se produce una duplicidad por alguno de estos medios. En estos casos, la fecha de notificación será la que se hubiera producido en primer lugar.

Así, literalmente, el artículo 41.7 de la Ley 39/2015 establece que:

Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 37. Inderogabilidad singular.

1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47 (nulidad de pleno derecho).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.

1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.