Fin de la vía administrativa. (art. 114 Ley 39/2015).

1. Ponen fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.

g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:

a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.

b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.

c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.

d) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Carecen de legitimación activa  (no están legitimados para interponer el recurso CA contra la actividad de una AP) (art. 20 Ley 29/1998):

• Órganos de la propia Administración Pública y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
• Particulares, cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de la propia Administración Pública.
• EEDerPúb dependientes o vinculadas al Estado, CCAA o EELL, respecto de las actividades de la Administración de que dependan.
  • Excepto aquellos que por ley se hayan dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.

Principios generales (art. 3 Ley 40/2015)

La 40/2015 añade a los principios constitucionales (art. 103.1 CE: la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho) otros, entre los que destacan:

• Participación, objetividad y transparencia en la actuación administrativa.
• Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
• Responsabilidad por la gestión pública.
• Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
• Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (la CE habla de eficiencia pero referido al gasto público art. 31).
• Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común (art. 96 Ley 39/2015)

• En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora:
  • • • Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que:
        • De acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.
      • No cabe la oposición expresa por parte del interesado.

Causas de inadmisión. (art. 116 Ley 39/2015)

Serán causas de inadmisión las siguientes:

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

b) Carecer de legitimación el recurrente.

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Finalización del procedimiento (art. 84 Ley 39/2015)

• Pondrán fin al procedimiento:
  • La resolución.
  • El desistimiento.
  • La renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando tal renuncia no esté prohibida).
  • La declaración de caducidad.
  • La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
    • La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.
  • Terminación convencional (art.86).

Emisión de informes (art. 80 Ley 39/2015)

• Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
• Los informes serán emitidos:
  • A través de medios electrónicos
  • De acuerdo con los requisitos que señala el art. 26 (emisión de docs. por las AAPP).
  • En el plazo de diez días
    • Salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
  • De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones
    • Salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento (recuerda: caso en que «se podía suspender», ver art. 22.1).
  • Si el informe debiera ser emitido por una AP distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.
    • El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

Lenguas de los procedimientos (art. 15 Ley 39/2015)

• La lengua de los procedimientos tramitados por la AGE será el castellano.
  • No obstante, los interesados que se dirijan a los órganos de la AGE con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.
    • Si hay discrepancia entre los interesados —> se tramitará en Castellano.
    • La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente.
      • Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

Acumulación (art. 57 Ley 39/2015)

• El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.
• Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

Expediente administrativo (art. 70 Ley 39/2015)

• Definición: «el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla (…), formado mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita».
• No formará parte del expediente administrativo:
• La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas,
• Los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

Subsanación y mejora de la solicitud (art. 68 Ley 39/2015)

• Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos (art. 66 o, en su caso, 67 u otros según legislación específica), se requerirá al interesado para que:
  • En un plazo de diez días
    • Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
  • Subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.
  • Con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.
• En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
• Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las AAPP (ver arts. 14.2 y 14.3) presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica.
  • A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Plazo máximo para resolver y notificar (art. 21 Ley 39/2015)

¿Cuál es el plazo máximo para resolver y notificar? (sin perjuicio de lo establecido para la suspensión, ampliación y el silencio administrativo, que veremos más adelante, arts. 22-24).

• El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
  • Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
• Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses.

¿A partir de cuándo se computan estos plazos?

• En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
• En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.